La situación en las oficinas de atención ciudadana de Barcelona, como la de Monumental o la de la plaza Sant Miquel, es de largas colas, una realidad que se replica en el SAIER, el servicio municipal para migrantes y refugiados. En la Florida de L'Hospitalet de Llobregat, las entidades colaboradoras también están desbordadas por el inesperado volumen de solicitudes.
“"Nos llegan personas desesperadas buscando solución desde Igualada, Sant Vicenç dels Horts, Manresa... No podemos más."
Un representante de la fundación La Fundició, que inicialmente debía apoyar con trámites generales, lamenta que el requisito del informe de vulnerabilidad, introducido por el gobierno español, ha cambiado drásticamente su labor. Esta entidad ha tenido que realizar 2.000 informes, recibiendo personas de diversas localidades como Igualada, Sant Vicenç dels Horts y Manresa, y critica el escaso apoyo de los ayuntamientos y la Generalitat.
En la Florida, los espacios se han quedado pequeños y la actividad habitual se ha visto afectada. Las voluntarias hacen turnos, asumen gastos de fotocopias y aportan material propio para poder atender la demanda. De manera similar, en Àmbit Prevenció, una ONG del barrio de la Bordeta de Barcelona, han tenido que reducir su horario para poder gestionar los informes de vulnerabilidad, ya que la primera semana estuvieron completamente saturadas.
La presidenta de esta entidad considera que las largas colas son una muestra del "trato denigrante y poco humanitario" hacia los migrantes por parte de las instituciones. Desde el movimiento Regulización Ya, que impulsó la ILP para este proceso, se critica que las personas tengan que hacer cola por las noches y que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat no actúen con la misma celeridad que con la llegada de refugiados ucranianos.
“"Con los refugiados ucranianos todo el mundo fue atendido rápidamente en centros habilitados como el de la Fira."
Un portavoz de Regulización Ya señala que, a pesar de las críticas por la falta de concreción de la instrucción del gobierno español, el texto es claro y la exigencia de padrón o informe de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales son "interpretaciones interesadas". Añade que la estancia mínima de cinco meses se puede probar con documentos alternativos como títulos de transporte o carnets de biblioteca.
La exigencia de los ayuntamientos de expedir informes solo a sus residentes dificulta el trámite a aquellos que no pueden probar la residencia, como los que viven de realquiler, los que no son empadronados por los propietarios o los que viven en la calle. En Tordera, los servicios sociales han optado por no pedir padrón para facilitar la regularización, atendiendo también a personas de otros municipios. Un responsable del servicio de Tordera critica que el gobierno español no haya tenido en cuenta la experiencia del Col·legi del Treball Social de Catalunya.
La participación de las entidades en el proceso es sin ánimo de lucro, con la voluntad de apoyar a las personas que ya atienden. El ministerio de Inclusión ha autorizado a decenas de asociaciones para tramitar la documentación a través de la plataforma Mercurio. Sin embargo, la urgencia ha concentrado los esfuerzos en los informes de vulnerabilidad y muchas asociaciones, con buena voluntad, se han tenido que organizar sin experiencia previa. Además, se han encontrado con la dificultad de que para utilizar la plataforma Mercurio se necesitaba el certificado digital personal de las voluntarias.
