La decisión del Congreso de tumbar el decreto de medidas sobre la vivienda ha dejado en el aire la situación de muchos inquilinos que ya habían iniciado los trámites para acogerse a sus disposiciones. Durante los 37 días que la normativa estuvo en vigor, numerosas personas solicitaron la prórroga de sus contratos o la aplicación del tope de precios, pero ahora su validez es cuestionable.
Expertos del Colegio de Agentes de la Propiedad y del Colegio de Abogados han advertido que la derogación del decreto abre un escenario de inseguridad jurídica. La principal incógnita recae en la vigencia de las prórrogas que ya se habían solicitado o incluso concedido, incluso si el trámite se realizó dentro del plazo establecido por la norma. Esta situación podría desembocar en un aumento significativo de litigios en los juzgados.
“"Una norma que quería proteger a los arrendatarios ha tenido el efecto totalmente inverso."
A pesar de la caída del decreto, es importante recordar que la Ley de Vivienda de 2023 establece que todos los contratos se prorrogan automáticamente tres años si el propietario no comunica la no renovación con cuatro meses de antelación. Esta disposición se aplica especialmente en los pisos situados en zonas tensionadas, que en Cataluña incluyen los municipios donde reside el 90% de la población.
En cuanto al tope de precios, la derogación del decreto tendrá un impacto limitado en muchas localidades catalanas, ya que en las zonas tensionadas ya se aplican limitaciones a los precios de los nuevos contratos, que no pueden superar un índice de referencia o el precio del contrato anterior. Sin embargo, la incertidumbre persiste para los contratos que venzan a partir de ahora y que no hayan sido objeto de prórroga bajo la normativa ya derogada.
El Sindicato de Inquilinos, por su parte, ha manifestado su intención de defender todas las prórrogas solicitadas, argumentando que la norma debe respetarse para aquellos que se acogieron a ella. La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) ha lamentado que la decisión del Congreso podría suponer la finalización de miles de contratos en los próximos dos años.
