El profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, junto al periodista Aristóteles Moreno Villafaina, han publicado el libro "El expolio de las inmatriculaciones de la iglesia. La mezquita de Córdoba y otros casos de libro" (Akal), donde denuncian un "gran expolio" patrimonial en España. Según los autores, la Ley Hipotecaria franquista de 1946 permitió a la Iglesia registrar miles de fincas, incluyendo templos, campos de fútbol, murallas y fincas rústicas, con una simple autocertificación y sin documentación, aprovechando su estrecha relación con la Administración de la época.
La reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por el gobierno de Aznar en 1998 extendió este derecho de inmatriculación privada a los templos de culto. Este cambio fue utilizado para poner a nombre de la Iglesia patrimonio cultural de gran valor histórico. Un ejemplo citado es la Mezquita de Córdoba, financiada históricamente con fondos públicos, que fue inmatriculada por el arzobispado en 2006.
En Barcelona, la basílica de Santa María del Mar, construida en el siglo XIV con aportaciones reales y populares, también fue registrada recientemente por la Iglesia mediante una autocertificación. Los autores critican la "negligencia grave" de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona, que fueron notificados de la inmatriculación pero no presentaron ninguna oposición.
A diferencia de países como Francia o Portugal, que establecieron la propiedad estatal de los templos construidos con dinero público, en España se optó por "mirar hacia otro lado", según Moreno. A pesar de la derogación de la ley en 2015, la Iglesia ya había privatizado miles de propiedades. Los autores proponen soluciones para devolver muchos de estos bienes a la titularidad pública.
El libro también destaca casos como las murallas de Artà (Mallorca), donde el Ayuntamiento logró recuperar la propiedad tras litigio, o la finca familiar de un agricultor en el Bages, que recuperó parte de la propiedad pero no la ermita ni el cementerio.
En Navarra, una ley de bienes comunales y una plataforma de municipios están trabajando para identificar y recuperar bienes comunales inmatriculados indebidamente por la Iglesia, con el apoyo de un funcionario dedicado exclusivamente a esta tarea.
Rodríguez lamenta la "indolencia ciudadana" ante este "escándalo jurídico, patrimonial, económico, político y ciudadano", señalando que la privatización de espacios como la Mezquita de Córdoba, Santa María del Mar o la Giralda de Sevilla pasa desapercibida para la sociedad.
