Esta situación se ve agravada por la falta de políticas de vivienda efectivas y una precariedad laboral que afecta a un 42% de los trabajadores, considerados pobres. Los datos de pobreza podrían ser aún más elevados, ya que no incluyen a grupos vulnerables como los inmigrantes irregulares y las personas en exclusión residencial severa.
“"La renta disponible prácticamente se va toda a la cobertura de necesidades básicas, el alquiler y la alimentación, y hace que la gente quede en una situación de precariedad a pesar de trabajar."
A pesar de la existencia de numerosas prestaciones sociales, su efectividad para sacar a las personas de la pobreza es limitada. Solo las pensiones de jubilación muestran un impacto significativo, mientras que el resto de ayudas tienen un efecto casi insignificante en jóvenes y niños. Uno de los principales obstáculos es el exceso de burocracia y los criterios disuasorios que impiden que muchas personas con derecho a estas ayudas las soliciten.
La complejidad del sistema, con la dificultad de conocer todas las prestaciones, los requisitos de acceso y su compatibilidad, crea barreras significativas. Por ejemplo, la incompatibilidad entre la ayuda al alquiler y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), o la necesidad de solicitar el ingreso mínimo vital antes de la RGC, son ejemplos de esta violencia estructural del sistema que excluye a muchos beneficiarios potenciales. Además, la política fiscal actual no contribuye a una redistribución justa de la riqueza.
La propuesta de reforma de la RGC que se debate en el Parlament no se espera que mejore la situación actual, y se prevé un empeoramiento de los datos de pobreza y exclusión en los próximos años. La mayoría de los partidos políticos defienden la condicionalidad de la RGC, lo que implicaría un seguimiento de los servicios sociales y un plan de acompañamiento, obligando a los beneficiarios a justificar la recepción de la prestación.
“"Si se cumplen los criterios de unos ingresos mínimos, ¿por qué se tiene que condicionar esta prestación? Si es un derecho es un derecho."
La organización propone una RGC sin condicionalidad, totalmente compatible con las rentas del trabajo, accesible a partir de los 18 años (actualmente 23) y con un requisito de residencia de 12 meses en lugar de 24. También sugieren un complemento de infancia de 200 euros y que solo se tengan en cuenta los ingresos de los dos meses anteriores, además de acortar los plazos de resolución.
El aumento del sinhogarismo es una preocupación creciente, con un incremento significativo en los últimos dos años. Esta situación refleja la caída de personas que vivían al límite. Además, hay un aumento de la exclusión residencial oculta, con más gente viviendo en habitaciones o infraviviendas. Las reformas legislativas actuales no parecen abordar el problema de fondo, sugiriendo que la situación podría empeorar en el futuro. La clase media, aunque no ha desaparecido, se está adelgazando debido a la polarización social, que empuja a más personas hacia los extremos de la pobreza y la riqueza.
