El organismo ha detectado que la Administración no ha dado una respuesta adecuada a las necesidades de estos niños, a quienes se les ha denegado el servicio a pesar de cumplir los requisitos establecidos por la normativa.
Los casos estudiados afectan a niños de entre ocho y doce años con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, que no pueden utilizar el transporte público convencional. Tres de estos niños residen en Barcelona y deben desplazarse a centros de educación especial alejados de sus domicilios. El cuarto niño vive fuera de la ciudad, pero necesita acceder a Barcelona por la falta de oferta educativa adaptada en su municipio.
En los cuatro casos, el Ayuntamiento ha denegado el transporte público adaptado, argumentando la falta de rutas disponibles o una interpretación restrictiva de la normativa vigente. El síndico subraya que la regulación prevé ayudas individuales de desplazamiento cuando no existen rutas específicas, asegurando así la garantía del servicio.
“"El sistema de acceso al transporte escolar no se está desplegando plenamente y no existe un procedimiento claro y accesible para tramitar ayudas individuales."
La Sindicatura considera que las denegaciones no se ajustan suficientemente a derecho y pueden generar situaciones de desigualdad. Por ello, insta al Consorcio de Educación a tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho y revisar el procedimiento de tramitación de solicitudes.
