Esta propuesta, impulsada por el síndico, busca una colaboración estrecha entre la administración pública, las entidades sociales y el sector privado. El objetivo es compartir información y recursos para facilitar que las personas sin techo puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.
Uno de los pilares fundamentales del plan es la creación de un censo único de personas sin hogar, que permitiría una gestión coordinada de la información. Esto implicaría la formación de una bolsa conjunta de trabajadores de las entidades, actuando como un servicio unificado. Cada persona censada tendría asignado un gestor personal en un plazo de 48 horas, que la acompañaría en el proceso de acceso a ayudas y oportunidades.
El papel de la administración sería garantizar derechos esenciales como el padrón y las prestaciones necesarias para salir de la calle. Por su parte, el sector privado y la sociedad civil contribuirían con la oferta de vivienda y oportunidades laborales. La hoja de ruta del plan piloto prevé que el acompañamiento coordinado y la disponibilidad de vivienda protegida, tanto pública como privada, aceleren la salida de las personas de la calle.
Entidades como Cáritas, Assís, Fundación La Caixa, Cruz Roja, Fundación Roure, Hospital Sagrat Cor y Sant Joan de Déu, así como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Hàbitat3 y Pimec, han participado en los encuentros donde se ha presentado la propuesta. Aunque la consideran ambiciosa, piden más detalles técnicos antes de hacer una valoración definitiva.
“"Es clave implicar a tres sectores –el municipal, el de las entidades y el privado– y hacer que no trabajen de manera paralela, sino conjuntamente, con el objetivo común de erradicar el sinhogarismo en nuestra casa."
Las entidades subrayan la necesidad de un incremento significativo de los recursos destinados a combatir el sinhogarismo y la aprobación de una ley que garantice los derechos de las personas en esta situación, especificando las obligaciones de las administraciones y asegurando los fondos necesarios.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, la comisionada de Acción Social ha expresado la voluntad de analizar y, en su caso, implementar la propuesta. Sin embargo, ha manifestado dudas sobre el modelo de gobernanza, destacando la necesidad de implicar a la Generalitat en un proyecto que trasciende el ámbito municipal. También ha cuestionado la priorización de actuar primero con las personas que llevan más tiempo en la calle, argumentando que la intervención rápida en casos recientes tiene más éxito.
“"Tenemos un montón de personas preparadas para salir, con ingresos, con empleo, con ahorros incluso de 7.000 euros, que no encuentran a alguien que les alquile un piso."
La comisionada ha señalado que muchas de las acciones propuestas ya se están llevando a cabo desde los servicios sociales municipales. Ha puesto el acento en la urgencia de encontrar soluciones innovadoras para facilitar el acceso a la vivienda a personas que actualmente se encuentran en el circuito de emergencia, atribuyendo el problema a un posible
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