Este incremento sustancial, que afecta a todos los niveles de primaria y secundaria, se atribuye principalmente al aumento de alumnado vulnerable y recién llegado, que ya representa el 87% de los estudiantes que requieren esta atención. Además, en el mismo período, se ha observado una duplicación en el diagnóstico de autismo y un aumento del 30% en los trastornos que condicionan el aprendizaje, como el déficit de atención con hiperactividad o la dislexia.

El Departamento de Educación reconoce la complejidad de la situación, con un número creciente de alumnos con necesidades en cada grupo. Actualmente, hay 14.700 profesionales dedicados a la atención de este alumnado, y el presupuesto destinado a esta área ha crecido más del 60% en cinco años, pasando de 142 a 230 millones de euros.

Los sindicatos del sector educativo, en medio de diversas movilizaciones, han puesto el acento en la necesidad de una mayor inversión en la escuela inclusiva. Aunque un acuerdo reciente con algunos sindicatos prevé una inversión de 300 millones de euros para este concepto, otros, como USTEC (el sindicato mayoritario), consideran esta cifra insuficiente ante la magnitud de las necesidades.

El departamento, por su parte, valora el acuerdo firmado y anuncia una revisión de la complejidad de los centros y la distribución del personal de atención educativa, incluyendo integradores, educadores sociales y maestros de educación especial. También se prevé mejorar la detección precoz de dificultades de aprendizaje, ampliando las pruebas que ya se realizan en primero y tercero de primaria a quinto curso.

Además, se está impulsando la formación práctica del profesorado para capacitarlos en la atención a la diversidad en el aula. Una primera formación contó con 400 docentes, y una segunda convocatoria en febrero atrajo a unos 3.000 profesionales, con el objetivo de que los maestros puedan aplicar la teoría universitaria y personalizar el aprendizaje.