Las protestas de los trabajadores de diversos servicios del Ayuntamiento de Barcelona, mantenidas durante meses, han culminado en una sesión plenaria extraordinaria. Sindicatos como la CGT, Intersindical y Ábacos, que representan a unos 2.000 empleados, han convocado las movilizaciones. El conflicto se origina a raíz de la firma del convenio municipal en enero, que, a pesar de implantar las 35 horas semanales, ha generado un impacto negativo en la prestación de los servicios.

Por parte del gobierno municipal, el teniente de alcalde Albert Batlle ha defendido el convenio, señalando que fue apoyado por la mayoría de los representantes sindicales y ha calificado a los convocantes de la huelga como "minoría beligerante" que ha "cruzado líneas rojas" con conductas "inaceptables".

La número dos del consistorio, Laia Bonet, ha reiterado que el convenio fue votado favorablemente por 12 de los 15 representantes sindicales y ha criticado la falta de propuestas de mejora por parte de los sindicatos convocantes en la Mesa General.

La oposición, representada por Junts, Barcelona en Comú, ERC y el PP, ha coincidido en pedir al gobierno municipal un mayor esfuerzo de diálogo. Los grupos han señalado "ratios inasumibles", "incertidumbre" y "servicios sociales desbordados" como consecuencias de la situación actual, e instan a "reforzar los servicios públicos con recursos y estabilidad".

En otro orden de cosas, el pleno también ha aprobado una propuesta de ERC, pactada con el PSC y Comuns, para regular el acceso de turistas a las baterías del Turó de la Rovira, en el barrio del Carmel, para evitar la masificación. La gestión recaerá sobre el Museo de Historia de Barcelona, aunque aún no se han definido los detalles concretos de la limitación.