La movilización coincidió con el consejo de administración de la infraestructura, donde se deben debatir las medidas que rechaza la plantilla. Los representantes de los trabajadores alertan de que el recorte podría alcanzar el 8% y afectar a cerca de 400 empleados, y amenazan con intensificar las protestas si la propuesta sale adelante.
El origen del conflicto es un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que detectó una "desviación" en parte del salario de estos trabajadores, resultado de un desajuste técnico acumulado en el tiempo en ciertos conceptos retributivos pactados históricamente. El Puerto argumenta que están "obligados a corregir la desviación detectada".
La propuesta del Puerto consiste en destinar temporalmente una parte de los futuros incrementos salariales a corregir esta desviación, haciendo que los salarios suban menos. Sin embargo, la plantilla defiende que existen otros mecanismos para solucionar el problema sin perjudicar a los trabajadores.
El comité de empresa interpela también al Ministerio de Transportes, ya que consideran que tiene "bloqueado nuestro convenio colectivo", y al Ministerio de Hacienda, a quien reprochan no dotar económicamente el convenio. Insisten en que seguirán luchando para evitar el recorte salarial, a pesar de reconocer su falta de optimismo.
