Esta suspensión se produce pocos días después de que la propiedad del inmueble, la empresa New Amsterdam Developers, solicitara un aplazamiento de tres meses para intentar encontrar una solución extrajudicial al conflicto con los vecinos.
El recurso de revisión, que ahora ha sido aceptado, se interpuso antes del primer intento de desahucio. En su resolución, la jueza argumenta que, aunque el contrato de alquiler se había extinguido, se obligó al vecino a seguir pagando el alquiler mientras el recurso estaba pendiente. Por lo tanto, considera "incongruente" ejecutar el desahucio en este escenario y decide aplazarlo hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie.
La orden de desahucio de Txema, el vecino afectado, estaba prevista inicialmente para el 25 de marzo, pero no se pudo llevar a cabo debido a la concentración de más de 500 personas que impidieron el paso a la comitiva judicial. Posteriormente, el lanzamiento se aplazó hasta el 15 de abril, fecha en que la propiedad pidió detener el proceso.
No basta con suspensiones y aplazamientos, sino que hace falta una solución para todos los vecinos del bloque Sant Agustí y de los otros bloques afectados por las prácticas especulativas de la propiedad.
El Sindicat de Llogateres y el Sindicat d'Habitatge de Gràcia han reaccionado a esta nueva decisión judicial, insistiendo en la necesidad de una solución definitiva para todos los residentes afectados por las prácticas de New Amsterdam Developers. Las entidades defienden la renovación de los contratos de alquiler a precios regulados y la transformación de los "colivings" en viviendas de alquiler habitual.
