Las dos entidades, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, han hecho pública su petición a través de la Agencia Catalana de Noticias (ACN), subrayando la presencia de menores entre los residentes y exigiendo una solución “estructural y sostenida” para la problemática de los asentamientos en la ciudad. Esta solicitud llega después de dos desalojos previos de personas sin techo bajo el mandato del alcalde Jaume Collboni, uno en la Zona Franca y otro en el Pont del Treball Digne, también en la Sagrera.
A pesar de que el Ayuntamiento de Barcelona es conocedor de la realidad del asentamiento, hasta el momento nuestras entidades no tienen constancia de que se haya desplegado una propuesta de medidas sociales que respondan de manera efectiva e integral a las necesidades de las personas residentes.
La carta expresa la preocupación por el impacto “especialmente grave” que un desalojo de esta magnitud podría tener, recordando que el anterior desalojo en el Pont del Treball Digne afectó a 126 personas y se llevó a cabo “sin garantías procesales ni la aprobación de alternativas de vivienda adecuadas”. Según la información recopilada por las entidades, el Ayuntamiento calificó el asentamiento de la calle Gran como “infravivienda” el pasado 23 de marzo y ordenó la desocupación del solar.
Ante esta situación, las organizaciones piden la “colaboración” del ejecutivo municipal para evitar un “desalojo forzoso” y advierten de una posible vulneración del derecho a la vivienda de los residentes. Paralelamente, el grupo municipal de Esquerra Republicana (ERC) ha presentado un ruego al Ayuntamiento, solicitando información sobre la fecha prevista del desalojo y las medidas alternativas que se prevén para los afectados, incluyendo aquellos con “problemas de salud y de salud mental graves”. Los republicanos también han pedido explicaciones sobre la contratación de cámaras para vigilar solares en la Sagrera.
