Detenido un hombre de 22 años por la muerte violenta de una mujer en un local ocupado en L'Hospitalet

Los Mossos d'Esquadra arrestaron al presunto autor de los hechos, que ocurrieron en un inmueble de la calle Santa Anna.

Cinta de precinto policial amarilla y negra bloqueando la entrada de un edificio antiguo en una calle urbana.
IA

Cinta de precinto policial amarilla y negra bloqueando la entrada de un edificio antiguo en una calle urbana.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes a un joven de 22 años como presunto autor de la muerte violenta de una mujer hallada el jueves en un local ocupado en el barrio del Centre de L'Hospitalet de Llobregat.

La Policía de Catalunya recibió el aviso de una discusión en el interior del local de la calle Santa Anna el jueves por la tarde, alrededor de las 19 horas. Varias patrullas se desplazaron al lugar y encontraron a la víctima con signos de violencia. Los técnicos del SEM no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Se investiga si el suceso podría estar vinculado a un enfrentamiento entre bandas latinas relacionadas con el tráfico de drogas.
El inmueble, que antiguamente había sido una ferretería histórica de la ciudad, es propiedad de un fondo de inversión desde noviembre de 2017. El Ayuntamiento de L'Hospitalet tenía constancia de la ocupación desde el 3 de octubre de 2023, a raíz de un aviso vecinal. En aquel momento, los Mossos d'Esquadra intervinieron, pero la ocupación ya se había consolidado legalmente.
Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Urbana habían realizado un seguimiento de la situación, que generaba miedo e inseguridad entre el vecindario. A principios de 2024, la Guardia Urbana identificó a varias personas residentes y elaboró un informe para el departamento de Urbanismo. Posteriormente, se realizó una inspección con acceso voluntario para documentar el estado del inmueble.

A pesar de todas las actuaciones, el triste desenlace fatal nos lleva a reflexionar que habrá que encontrar una solución para que todo esto no vuelva a ocurrir.

Al tratarse de una propiedad privada, cualquier actuación policial en el interior requiere una orden judicial. La propiedad informó al Ayuntamiento en octubre de 2024 que había interpuesto la correspondiente denuncia y que el procedimiento judicial se encontraba en trámite. Durante meses, hubo una presión policial sostenida, con controles intensivos y presencia constante de la Guardia Urbana frente al local para ejercer presión sobre los ocupantes.