La nueva regulación, fruto de un acuerdo entre el PSC, ERC, los Comuns y la CUP, busca cerrar el vacío legal que permitía usar contratos temporales para eludir los límites de precio establecidos por la ley estatal de vivienda de 2023. La medida cuenta con el aval jurídico no vinculante del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que descartó conflictos con la Constitución tras las peticiones de Junts y el PPC.

La ley incorpora al marco catalán los alquileres de temporada con uso residencial, definidos como aquellos destinados a residir por un tiempo acotado debido a trabajo, estudios o tratamientos médicos. Si se firman en zonas declaradas tensionadas, quedarán sujetos a los límites de precio. Quedan explícitamente excluidas las estancias vacacionales o recreativas, así como los alquileres turísticos, que ya tienen su propio marco normativo.

Otro aspecto crucial es que la regulación se extiende al alquiler por habitaciones y a los colivings utilizados como lugar de residencia habitual durante meses, como en el Poblenou. En el caso del alquiler por habitaciones, la suma de todas las rentas de un mismo piso no podrá superar el límite de precio establecido para el inmueble en su conjunto.

La consejera Sílvia Paneque defendió que el objetivo es evitar que el uso temporal sea una vía para obtener mayor rentabilidad y proporcionar "seguridad jurídica" tanto a propietarios como a inquilinos. La previsión es que la norma entre en vigor antes de fin de año, y el Ayuntamiento de Barcelona ya ha anunciado su aplicación inmediata.