El caso de Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà) es el ejemplo más extremo: el pueblo más pequeño de Cataluña con solo 25 habitantes, donde hace seis años que no nace ninguna criatura. La antigua vida agrícola y ganadera ha desaparecido, y con ella, negocios clave como Ca l'Eloi y la fonda Cal Marxandó, cerrados por jubilación y la falta de relevo generacional.
Para revertir esta situación, el Ayuntamiento ha impulsado un proyecto con el Obispado de Solsona para rehabilitar la antigua rectoría y abrir un restaurante de concesión municipal. Esta obra, que busca atraer a una familia joven, tiene un coste de 300.000 euros, superando el presupuesto anual del municipio.
En el otro extremo, Calafell (Baix Penedès) ha duplicado su población desde 2001, pasando de 13.503 habitantes a 32.429, con una estimación real de 50.000 residentes no empadronados. Este auge, impulsado por la pandemia y la expulsión del área de Barcelona por el precio de la vivienda, tensiona los servicios públicos.
“"No es una llamada para que venga más gente, es para pedir que se empadronen quienes ya viven aquí, porque en Calafell se vive bien, pero queremos que se viva mejor."
Este desequilibrio se refleja en los datos: mientras las ciudades de más de 50.000 habitantes crecieron un 1,6% en un año, los pueblos de menos de 500 habitantes perdieron un 0,1% de población. La Cataluña rural se enfrenta al triple reto de la diversificación económica, la extensión de servicios (como la mejora de la telefonía móvil y la educación) y el derecho a la vivienda.
Para afrontarlo, el Parlament aprobó la Ley del Estatuto Rural de Cataluña, que beneficiará a 608 ayuntamientos. A partir de 2026, se aplicarán deducciones de 750 euros en el IRPF para jóvenes y familias que se instalen, y ayudas directas para la compra o rehabilitación de viviendas, buscando revertir la tendencia de concentración poblacional.
