Los colectivos contrarios aseguran que las inversiones publicitadas por los promotores son obligaciones legales y no beneficios reales para el territorio. Denuncian que el ensanchamiento de carreteras o el pago de 12 millones de euros en impuestos son compromisos derivados de la propia construcción de la balsa en el Pla de Clarà.
“"Son migajas de un proyecto que tendrá unos beneficios enormemente superiores y un intento de soborno para comprar el silencio de los vecinos."
También cuestionan la promesa de generar empleo local, señalando que centrales similares están automatizadas y que las obras principales recaerán en grandes constructoras como ACS. El frente opositor celebrará una charla informativa final este sábado en la Nou de Berguedà para pedir el voto negativo en la consulta.
