Puigcerdà moderniza y amplía su sistema de videovigilancia para frenar el vandalismo

El consistorio sustituirá las cámaras analógicas por digitales e instalará nuevos puntos de control en zonas sensibles como el ascensor inclinado.

Cámara de videovigilancia digital instalada en un espacio público urbano para reforzar la seguridad.
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Cámara de videovigilancia digital instalada en un espacio público urbano para reforzar la seguridad.

El Ayuntamiento de Puigcerdà ha puesto en marcha la renovación de su sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad y combatir el incivismo en puntos clave como el ascensor inclinado y los lavabos del parque Schierbeck.

El consistorio de Puigcerdà ha iniciado la actualización y ampliación de su sistema de videovigilancia con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante actos incívicos o delictivos. Muchos de los dispositivos actuales todavía utilizan tecnología analógica, por lo que se están sustituyendo por cámaras digitales que permitirán una conexión directa con los sistemas de la Policía Local.
Esta renovación tecnológica se acompaña de la instalación de nuevos puntos de vigilancia en lugares especialmente sensibles del municipio, donde se han detectado incidencias reiteradas. Entre estos lugares se incluyen el ascensor inclinado, los lavabos públicos del parque Schierbeck y los futuros servicios de la plaza Regne de Mallorca, espacios que han sufrido actos vandálicos de manera recurrente.

Con esta actualización, la capital de la Cerdanya superará próximamente la cuarentena de cámaras activas instaladas en la vía pública.

La iniciativa local se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por los Mossos d’Esquadra en la Cerdanya para reforzar la seguridad y la convivencia. El cuerpo policial ha ofrecido a los ayuntamientos de la comarca la posibilidad de implementar sistemas de videovigilancia integrados en su red, una opción especialmente relevante para los pueblos que no disponen de Policía Local propia, ya que solo Puigcerdà cuenta con este servicio.
Este apoyo se articula a través de la Orden ISP/4/2026, que regula las subvenciones destinadas a la adquisición, instalación y mantenimiento de los dispositivos. Los ayuntamientos sin policía local pueden optar a ayudas de hasta 30.000 euros por municipio, con el objetivo de facilitar la detección de infracciones y prevenir conductas incívicas, reforzando la presencia policial limitada en algunos núcleos de población.