La inteligencia artificial (IA) se integra cada vez más en diferentes ámbitos, y ahora también entra con fuerza en el sector de la ocupación pública. El Gobierno español ha dado luz verde a la Oferta de Empleo Público de 2026, que incluye 27.232 plazas para la Administración General del Estado. Si sumamos las plazas destinadas a la Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la cifra global supera las 37.000.

El dato más destacado de esta oferta no es solo el volumen de plazas, sino la previsión de 1.700 puestos de trabajo en cuerpos TIC, un 42% más que el año anterior. Por primera vez, se anuncian pruebas selectivas para especialidades relacionadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la ciencia de datos. Esto implica que la administración busca personal preparado no solo para el mantenimiento de sistemas, sino para trabajar activamente con datos, automatización, seguridad y nuevos modelos de IA, marcando un cambio estructural dentro del sector público.

La IA deja de ser una herramienta externa para convertirse en una competencia propia de la administración pública. Aunque no se trata de oposiciones específicas denominadas "funcionario de inteligencia artificial" ni de convocatorias municipales masivas, la Oferta de Empleo Público establece el marco general. Las convocatorias concretas, los temarios y los plazos se definirán posteriormente, pero la señal es clara: la IA, los datos y la ciberseguridad se convierten en competencias estratégicas para el Estado.

Esta tendencia no es nueva. Antes de su inclusión en las oposiciones, la IA ya se había empezado a implementar en algunos servicios públicos. Por ejemplo, Hacienda utiliza asistentes virtuales y herramientas de ayuda al contribuyente, como los de la Agencia Tributaria, que permiten realizar consultas en lenguaje natural sobre trámites como la declaración de la renta. Estos pasos, aunque no espectaculares, son significativos en la relación directa entre ciudadano y administración.

La Agencia Tributaria prioriza la IA en información, asistencia al contribuyente y prevención, con el objetivo de ayudar a resolver dudas, evitar errores y mejorar la calidad de los datos. Es importante distinguir que no todo lo que parece inteligente es IA; el tratamiento masivo de datos, sistemas de riesgo o la robotización de trámites pueden ser automatización avanzada sin ser necesariamente IA. La novedad radica en la necesidad de personal capaz de entender, gobernar, limitar y explicar estas herramientas.

Este cambio también se refleja en otros organismos. La Seguridad Social implementó en 2020 ISSA, un asistente virtual basado en IA para orientar a la ciudadanía, y el Ministerio de Justicia ha utilizado IA para tareas como la clasificación documental y búsquedas inteligentes en documentos judiciales. Hasta ahora, el cambio había sido principalmente digital, pero ahora empieza a incorporar el equipo humano.

A nivel autonómico, la Generalitat de Catalunya ha creado la Direcció General d’Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades para impulsar servicios públicos digitales y aplicar la IA con seguridad. Este enfoque difiere de la convocatoria masiva de plazas del Estado, centrándose en una arquitectura interna para su despliegue con criterio.

La evolución se produce a diferentes velocidades: el Estado abre camino con plazas TIC, las comunidades autónomas construyen estructuras de gobernanza y los ayuntamientos, especialmente los pequeños y medianos, se encuentran en una fase posterior. Actualmente, en los municipios no se observa una avalancha de plazas explícitamente dedicadas a la IA, sino perfiles de informática, innovación tecnológica o transformación digital. Sin embargo, la IA llegará a los ayuntamientos a través de programas autonómicos, herramientas compartidas y plataformas de datos.

Para comarcas como la Conca de Barberà, el reto no es si la IA llegará, sino cómo gestionarla. Los ayuntamientos pequeños y medianos, con menos recursos que los ministerios o las grandes ciudades, deberán afrontar retos como la protección de datos, la transparencia y la supervisión humana. La comarca necesita prepararse para una administración con más datos y automatización, requiriendo personal formado y un criterio público claro para garantizar que la IA ayude a la administración de manera responsable ante la ciudadanía.