La decisión, tomada por los 12 magistrados del pleno, implica que los tres procesados en rebeldía por el Procés mantienen la orden de detención nacional si regresan a España. Esta resolución se basa en el criterio de que estimar las cautelares supondría entrar en el fondo del recurso de amparo interpuesto contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la Ley de Amnistía.
Estimar las medidas cautelares vaciaría de contenido el fondo de los recursos de amparo que todos plantearon.
Este criterio ya se estableció en el pleno del 16 de diciembre, cuando se decidió mantener la inhabilitación del presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsejeros Dolors Bassa y Raül Romeva. Todos ellos fueron condenados por el delito de malversación, que el Supremo considera una de las excepciones de la ley.
El pleno ha adoptado la propuesta de la magistrada Laura Díez Bueso, favorable a rechazar las cautelares de Puigdemont, así como las de los magistrados Enrique Arnaldo y César Tolosa, en relación con los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
