El mal funcionamiento de la red de Rodalies, que afecta diariamente a medio millón de catalanes, se ha convertido en la mayor prima de riesgo para la estabilidad del Ejecutivo. Tras el accidente de Gelida y las interrupciones del servicio, el Gobierno ha asumido que las medidas paralelas a la recuperación de la inversión no son suficientes y que se necesitan más planes de contingencia.
“"Estamos afectados por una cadena de hechos inesperados, empezando por el susto por el presidente. La consigna ha sido dar la cara en todo momento para afrontar una situación que describimos como desagradable."
La gestión de la crisis ha sido asumida por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque. Aunque inicialmente evitaron confrontar directamente con Adif y Renfe, la Generalitat ha elevado el tono ante los mensajes contradictorios sobre el restablecimiento del servicio.
El conflicto se agrava con el malestar latente de los maquinistas de Renfe, que reclaman garantías para circular y que, según fuentes de Palau, protagonizaron una "huelga encubierta" tras el accidente de Gelida. El Ejecutivo buscará desactivar la huelga de tres días convocada para febrero una vez se recupere la normalidad del servicio.
Ante la vulnerabilidad de la red, el Gobierno ha constatado la necesidad de más herramientas para mejorar la infraestructura. A la revisión de vías y catenarias, se suman ahora planes para la supervisión de taludes, muros de contención y sistemas de drenaje, asumiendo que la red es más vulnerable con temporales. El objetivo es agilizar el traspaso, comenzando por la línea R1.
