La votación fragmentada de la junta de gobierno local permitió que la gestión del cine recayera inicialmente en la empresa Rambla de l’Art-Cambrils IAE. El Col·lectiu de Crítics, sin embargo, ha llevado el caso al tribunal, denunciando que la cesión de un servicio público cultural sin ánimo de lucro a una empresa privada y la falta de exigencia de programación en versión original son "irregularidades flagrantes".
Esta impugnación ha conllevado la suspensión cautelar de la adjudicación. El contrato queda detenido hasta que el tribunal resuelva el litigio, según establece el artículo 53 de la ley de contratos del sector público. El recurso, de casi cincuenta páginas, argumenta que el concurso no se ha tramitado correctamente, destacando la importancia de la versión original como característica fundamental del Truffaut.
Los críticos también han cuestionado la valoración cultural de los proyectos, calificándola de "arbitraria, sesgada y profundamente injusta" según expertos. Sospechan de una posible filtración, ya que el proyecto de la empresa adjudicataria era "exactamente igual" al suyo. Además, invocan informes jurídicos que avalan la posibilidad de no adjudicar el concurso por interés público, según el artículo 152 de la ley.
“"La puntuación cultural de nuestro proyecto había sido arbitraria, sesgada y profundamente injusta."
Mientras tanto, el Cinema Truffaut permanece abierto y en activo gracias a una prórroga acordada con el consistorio, por responsabilidad con sus cuatro trabajadores. Ni el colectivo ni el Ayuntamiento de Girona han hecho más declaraciones públicas, a la espera de la resolución judicial.
