Este aumento demográfico, impulsado principalmente por la llegada de población extranjera, modifica la estructura social y condiciona la agenda del Govern. A pesar de esto, los expertos descartan que la representación sea insuficiente en términos cuantitativos, comparándola con otros grandes parlamentos europeos.
“"Según la lógica comparada, no es necesario aumentar los escaños. Estamos bien representados si miramos otros grandes parlamentos del mundo."
La cuestión principal, según los politólogos, no es el volumen total, sino la arquitectura territorial. El reparto actual, fijado hace más de cuatro décadas, provoca un gran desajuste: un diputado en provincias como Lleida cuesta menos de la mitad que en Barcelona, alterando la proporcionalidad del sistema.
Ampliar el número de diputados se considera políticamente inviable debido a la fuerte desafección ciudadana y el coste institucional. El problema de fondo es que Cataluña es la única comunidad autónoma que carece de una ley electoral propia, la herramienta que permitiría modificar la distribución de los escaños.
La cifra de 135 parlamentarios proviene de una disposición transitoria del Estatuto de 1979, fruto de un pacto político condicionado por el peso de Convergència i Unió (CiU), que pudo bloquear cualquier reforma posterior que alterara el equilibrio territorial, una situación que se mantiene hoy.
