El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Girona, impulsado por la vicealcaldesa Gemma Geis (Junts), estableció en octubre nuevos criterios para organizar la acogida. Este nuevo “árbol de tramitación” requiere ahora una resolución administrativa (un decreto) para cualquier alta ordinaria, un paso que antes no se realizaba. La concejala de Estadística y Participación Ciudadana, Queralt Vila (Guanyem), es quien firma individualmente estos decretos.
“"Nuestro objetivo es que todo el mundo que viva en Girona se pueda empadronar en Girona. El padrón es un registro administrativo y, como tal, no juzga en qué circunstancias vives."
La Defensora de la Ciudadanía, la abogada Marta Alsina, ha sido muy crítica con el nuevo marco, señalando que el padrón es el “reconocimiento de un hecho”. Alsina considera un retroceso que las personas que cumplen los requisitos deban tardar un plazo máximo de tres meses en recibir el visto bueno, provocando un “atasco” administrativo.
“"Me parece bien que controlen los fraudes, pero no que ahora se añada un trámite y que esto sea un obstáculo."
Entidades sociales como la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Cáritas Diocesana de Girona lamentan que el cambio “bloquea” el padrón social de los más vulnerables. Laura Madruga, de Cáritas, señala que las personas con “domicilio ficticio” (como el centro de acogida La Sopa) ven su situación legal “en peligro” y quedan en situación de desamparo.
