A mediados de enero, la consejera Sílvia Paneque dio a conocer el anteproyecto de la nueva Ley de Alta Montaña, que se encuentra actualmente en fase de tramitación. Esta iniciativa del Govern busca reemplazar la normativa vigente desde 1983, con el objetivo de adaptarse a los 'retos de futuro', según explicó Paneque desde la sede del Conselh Generau d’Aran.
La propuesta actual reduce el alcance de la ley anterior, concentrando los recursos públicos en los territorios que se consideran más genuinamente de alta montaña. Esto implica que, de los 144 municipios inicialmente incluidos en comarcas como la Val d'Aran, la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà y el Ripollès, más de un centenar quedan ahora excluidos de la categoría de alta montaña.
En el caso del Lluçanès, todos sus municipios, a excepción de Santa Maria de Merlès, pierden la consideración de alta montaña. Sin embargo, mantendrán la de 'municipios de zonas de montaña', lo que, según el Govern, les permitirá conservar un trato preferente en las subvenciones de la Generalitat, aunque no se han detallado los mecanismos concretos.
“"Será la puerta de la Generalitat a la Alta Montaña."
Una de las novedades destacadas del anteproyecto es la creación de la Oficina Técnica de la Alta Montaña, que la consejera Paneque describió como 'la puerta de la Generalitat a la Alta Montaña'. Esta oficina se encargará de elaborar el plan de actuaciones estratégicas, identificar los retos de los territorios y evaluar la aplicación de las políticas públicas. Además, el Consell General de la Alta Montaña pasará de ser un órgano consultivo a un espacio de participación y decisión, con la función de aprobar provisionalmente el Plan de Actuaciones Estratégicas.
Varios municipios, consejos comarcales y entidades, como la Agencia de Desarrollo Rural de la Catalunya Central (ADR), han presentado alegaciones al anteproyecto. Anna Garrós, gerente de la ADR Catalunya Central, ha explicado que las alegaciones se centran en aspectos técnicos, como la necesidad de definir con mayor claridad la composición de la Oficina de la Alta Montaña y del Consell General, así como la creación de un fondo específico para la financiación de estos territorios.
