El alcalde de Santa Susanna, Campolier, ha reiterado que el Ayuntamiento no dispone de "ninguna herramienta legal para suspender una fiesta privada, solo si se altera el orden público o la convivencia", y ha admitido que las ordenanzas actuales no permiten actuar en contra. A pesar de las demandas de la oposición para cambiar la normativa, el alcalde ha justificado la inacción argumentando que "para cambiar las ordenanzas necesitamos tiempo, no se puede hacer de hoy para mañana", aunque este año se celebra la cuarta edición del festival.

Campolier también ha afirmado desconocer si los grupos participantes, provenientes de América del Norte y Europa, promueven proclamas supremacistas o discursos de odio, a pesar de que sus letras sean "más explícitas". "No sé qué pasa ahí dentro, a mí no me dicen que sea una fiesta nazi, sino una fiesta privada", ha declarado, circunscribiendo la polémica a la actualidad, a pesar de que desde la primera edición partidos y organizaciones antifascistas han pedido su prohibición.

Estas explicaciones no han convencido a la CUP, que ha presentado una denuncia a los Mossos d'Esquadra ante la inacción del Ayuntamiento de Santa Susanna y de la Generalitat. Los cupaires instan a impedir el evento, ya que el consistorio ha reconocido que el espacio no dispone de licencia de actividad ni permisos para conciertos públicos. La formación también ha informado a la Fiscalía por posible enaltecimiento del fascismo y del franquismo, criticando que las administraciones "se han lavado las manos".

La CUP ha acusado al consistorio del Maresme y a los departamentos de Territori, Habitatge y Transició Ecològica y de Interior de "no haber actuado a pesar de saber que el evento no dispone de los permisos necesarios". El diputado Dani Cornellà ha expresado la "indignación" de la CUP y de parte del vecindario ante lo que considera "una permisividad intolerable con los discursos de odio y la exaltación fascista", recordando la manifestación del pasado 15 de mayo contra el festival neonazi.