La iniciativa contó con el apoyo de Junts, ERC, la CUP y Ara Pacte Local, mientras que Vox votó en contra y el PP se abstuvo. La moción se centra en la línea R1, el eje principal de movilidad de la comarca, a raíz de los recientes y graves incidentes en la red catalana, incluyendo descarrilamientos, suspensiones y, trágicamente, una muerte.

El Consejo subraya que estos hechos no son incidentes aislados, sino la consecuencia directa de años de desinversión, falta de mantenimiento y un modelo de gestión que consideran alejado del territorio. Esta situación tiene un grave impacto en el Maresme, un territorio densamente poblado que depende críticamente del transporte público y del tren para su actividad diaria.

Entre las medidas aprobadas, el Consejo reclama una auditoría urgente, exhaustiva y pública de la infraestructura ferroviaria en el Maresme, así como un calendario claro de inversiones y actuaciones en la línea R1. También se pide el establecimiento de un canal directo de comunicación entre los Ayuntamientos y ADIF para garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia o riesgo.

Finalmente, el Pleno exige que Rodalies sea tratado como un servicio público esencial, con protocolos unificados ante episodios meteorológicos adversos o riesgos geotécnicos. Además, se pide reforzar el transporte público alternativo por carretera y acelerar el traspaso efectivo de la línea R1, acompañado de los recursos y las competencias necesarias para la inversión y el mantenimiento.