El caso se inició en abril de 2024 con una solicitud de tala por parte de la comunidad de propietarios. Pese a que los informes iniciales avalaban la salud de los ejemplares, inspecciones posteriores en septiembre de 2024 detectaron fitotoxicidad en el 95% de las copas y orificios artificiales en los troncos.
Las pruebas de laboratorio confirmaron el uso de glifosato, lo que obligó a autorizar la tala de los árboles durante el año 2025 debido al riesgo de caída. El consistorio señala que los hechos podrían encajar en el delito de daños del Código Penal por el uso de sustancias venenosas.
