Durante los meses estivales de 2020, la situación sanitaria en la capital del Maresme se complicó rápidamente. En septiembre se detectó un ligero repunte de casos en el Hospital de Mataró, mientras que en agosto se registró un brote significativo en el geriátrico El Mirador de Mataró, con 32 personas infectadas. Esta situación llevó al Ayuntamiento de Mataró a intensificar las campañas de concienciación para evitar una expansión descontrolada.

En respuesta al aumento de la transmisión, el Gobierno de Cataluña implementó medidas restrictivas a nivel general. Desde julio de 2020, la mascarilla se hizo obligatoria tanto al aire libre como en interiores abiertos al público, buscando evitar la “relajación” social. Además, se estudió la prohibición de fumar en la calle y en las terrazas como medida adicional de prevención. Finalmente, el 26 de octubre de 2020, el Gobierno aprobó un refuerzo presupuestario de 300 millones de euros para el Departamento de Salud.

Uno de los puntos de mayor tensión legal se produjo a finales de julio de 2020, cuando el Ayuntamiento de Mataró ordenó el confinamiento domiciliario de varios vecinos positivos de Covid-19. Esta decisión fue rápidamente tumbada por la jueza, que puso en manos de la Agencia de Salud Pública la gestión de dichos confinamientos, subrayando la complejidad legal de las restricciones de movilidad impuestas a nivel municipal.