La iniciativa, denominada "Yo también tengo ADN ampostino", se enmarca en una campaña informativa que se extenderá hasta el 31 de julio de 2026. Durante este periodo, los propietarios de perros deberán registrar a sus animales mediante una prueba de ADN, tal como establece la Ordenanza sobre protección, tenencia y venta de animales.
La prueba de ADN, que se extrae de forma sencilla e indolora con una muestra de saliva, se realizará en centros veterinarios autorizados de la ciudad. El coste de la prueba se ha establecido en tres tramos para incentivar la participación: 35 euros del 1 de mayo al 15 de junio, 40 euros del 16 de junio al 31 de julio, y 45 euros a partir del 1 de agosto.
Una vez registrado, cada propietario recibirá una chapa con un código QR para el collar del perro, facilitando su identificación y localización en caso de pérdida o robo. Este sistema permitirá identificar de forma única a cada animal y su información se incorporará a una base de datos municipal.
“"Este sistema ya está implantado en más de 100 municipios del Estado y ha demostrado ser muy efectivo. El objetivo es reducir hasta un 80% la presencia de excrementos en la vía pública en un plazo aproximado de seis meses."
El incumplimiento de la obligación de registrar a los animales puede conllevar sanciones de hasta 400 euros. Además, no recoger los excrementos puede ser sancionado con 200 euros, no diluir la orina con 100 euros, y llevar al perro sin correa con 100 euros, con penalizaciones que pueden llegar hasta los 1.500 euros en caso de reiteración.
“"El proyecto es fruto de dos años de trabajo intenso. El objetivo principal es disponer de una herramienta eficaz para actuar contra una minoría incívica que genera un impacto muy visible en la ciudad."
Desde la Asociación Engrescats, que gestiona la protectora municipal, se ha valorado positivamente la iniciativa, destacando su importancia para identificar casos de abandono y actuar, especialmente en zonas fuera del casco urbano.
