El operativo policial comenzó a las 9:10 horas con el despliegue de unidades ARRO y de seguridad ciudadana. La actuación responde a un decreto de alcaldía avalado por la justicia en Tarragona, tras detectarse conexiones eléctricas fraudulentas y condiciones de insalubridad que hacían las viviendas inhabitables.
“"Hemos buscado una rendija desde el Ayuntamiento para poder terminar con una situación que debería haber acabado por vía penal, pero lo hemos hecho por la vía de la seguridad y la salud."
El edificio albergaba a una veintena de personas, aunque en el momento del desalojo solo se encontraban cuatro. Según fuentes municipales, los residentes acumulaban 85 antecedentes policiales. Una familia con menores que residía en el bloque ya cuenta con el seguimiento de Derechos Sociales.
