La investigación de la Unidad de Investigación de la comisaría de Amposta se inició tras las denuncias de varios presidentes de comunidades que detectaron movimientos bancarios no autorizados. La administradora realizaba transferencias desde las cuentas de los vecinos hacia sus cuentas particulares o de otras comunidades para encubrir la actividad ilícita.

Entre los casos detectados en 2025, destaca una comunidad con un perjuicio de 10.500 euros por servicios inexistentes y otra donde se cobraron cuotas de más durante tres años por valor de 6.300 euros. El total defraudado asciende provisionalmente a 39.000 euros.

A los detenidos se les imputan delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación documental. Los agentes mantienen la investigación abierta ante la posibilidad de que existan más fincas afectadas en la zona del Montsià.