Durante el evento, celebrado el fin de semana, se organizaron dos mesas redondas donde técnicos y representantes de las administraciones expusieron las problemáticas actuales y las posibles soluciones en relación con el derecho a la vivienda. Se subrayó que, a pesar de ser un derecho universal, la vivienda es a menudo percibida como una oportunidad de enriquecimiento.
“"Las Terres de l'Ebre son la nueva frontera de la especulación. Cuanto más barato se compra, más beneficios se obtendrán."
Un portavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona alertó sobre el aumento de la especulación, indicando que seis de cada diez compras de pisos se realizan al contado. Destacó que las Terres de l'Ebre se están convirtiendo en un nuevo foco de esta práctica.
“"Nosotros tenemos la fuerza, tenemos las llaves y, por lo tanto, nosotros nos quedamos."
El sindicato defiende una estrategia de resistencia para ganar tiempo y negociar colectivamente, lo cual ha permitido, en algunos casos, que administraciones como el Ayuntamiento de Amposta adquieran viviendas a punto de ser desahuciadas para destinarlas a usos sociales. Además, se insistió en la necesidad de ir más allá de la simple detención de los desahucios, buscando la reducción de los precios del alquiler y la aplicación de sanciones para movilizar la vivienda vacía.
La coordinadora técnica de la Red de Municipios por la Economía Social y Solidaria defendió la transición de ser meros consumidores de viviendas de alquiler a ser gestores del propio techo. Propuso modelos como las cooperativas en cesión de uso y la masovería urbana para combatir la inestabilidad del alquiler. Asimismo, resaltó el papel crucial de los ayuntamientos para impulsar políticas con valores sociales, como la ausencia de lucro y los precios justos, mediante la cesión de suelo, la aprobación de normativa, subvenciones, créditos, bonificaciones fiscales y la sensibilización ciudadana.
Las representantes municipales, la alcaldesa de Ulldecona y la concejala de Derechos Sociales y Ciudadanía del Ayuntamiento de Amposta, detallaron las dificultades que afrontan en la gestión de la vivienda, como las competencias limitadas, la falta de recursos técnicos y económicos, la dependencia de otras administraciones y una burocracia lenta. A pesar de ello, han impulsado iniciativas para aumentar la vivienda pública mediante la rehabilitación, la compra y la promoción de cooperativas para la tercera edad.
Una arquitecta explicó que en Tortosa se implementará una prueba piloto de masovería urbana, donde un propietario cede su inmueble a cambio de que el inquilino lo reforme, con el objetivo de evaluar la replicabilidad del modelo. El público asistente también señaló otras problemáticas, como el racismo inmobiliario y la falta de adaptación para personas con discapacidad.
El Ágora se consolida como un espacio de reflexión y acción colectiva para abordar los retos del territorio desde la cooperación y el arraigo, defendiendo el derecho a vivir dignamente en el lugar de origen bajo el lema #dretaquedarse.
