La operación, denominada “Vent de Ponent”, analiza los hechos como un posible delito de daños. La Guardia Civil de Lleida confirmó que la empresa investigada, con sede en Tarragona, carecía de la autorización necesaria para realizar tratamientos fitosanitarios por vía aérea.

Los agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) comprobaron, además, que el producto utilizado no está permitido para aplicaciones aéreas. El cuerpo policial alerta sobre el auge de estas prácticas y la necesidad de cumplir estrictamente la normativa de Seguridad Aérea y de Sanidad Vegetal.

Tres propietarios de parcelas presentaron denuncia tras detectar que los herbicidas se habían esparcido sobre campos adyacentes con árboles frutales. Estos árboles se encontraban en periodo de floración, causando daños significativos a la vegetación y a la producción.

Durante la investigación, el EPRONA tomó muestras de las fincas de cebada y de los frutales, que fueron enviadas al Laboratorio Agroalimentario de Cabrils, en Barcelona, para su análisis. Las diligencias y los resultados se han remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Balaguer.