El alcalde de Vic, Albert Castells, pide revisar el derecho al padrón: "Estamos construyendo un país en quiebra"

El edil de Junts critica la limitada autonomía municipal ante el aumento poblacional y la creciente inseguridad en la capital de Osona.

Silueta d'un alcalde parlant en un podi davant d'una multitud borrosa, simbolitzant el debat sobre el padró municipal.

Silueta d'un alcalde parlant en un podi davant d'una multitud borrosa, simbolitzant el debat sobre el padró municipal.

El alcalde de Vic, Albert Castells (Junts), ha solicitado una revisión exhaustiva del derecho de empadronamiento, alertando que la llegada masiva de población sin control legal está llevando a Catalunya a una situación de insostenibilidad.

La entrevista se llevó a cabo en la Biblioteca Pilarín Bayés de Vic, cerca del barrio del Remei, una zona que concentra la población de menor renta y mayor porcentaje de origen extranjero. La capital de Osona cuenta con 50.000 habitantes, de los cuales el 44% es de origen extranjero, lo que ha generado una división conocida como "los dos Vic".

"Reclamamos una revisión profunda del derecho al padrón. Se dificultó el permiso de trabajo para frenar el 'efecto llamada', pero ha tenido el efecto contrario: ha fracasado. Los condenamos a la marginalidad. Estamos construyendo un país en quiebra."

Albert Castells · Alcalde de Vic
En materia de seguridad, Castells destacó el aumento de delitos, incluyendo un 55% más de robos con fuerza, y exigió al Govern la dotación policial adecuada. Criticó que la Guàrdia Urbana deba actuar como policía integral debido a que los Mossos d’Esquadra deben cubrir toda la comarca, y defendió que la labor policial "no entiende de colores de piel ni de origen".
El alcalde de Vic también defendió el nivel de catalán exigido a los funcionarios municipales, recurriendo la sentencia condenatoria, y calificó la acción judicial como una "clara voluntad de destrucción y de genocidio contra la lengua catalana". Respecto a Aliança Catalana, rechazó las propuestas de deportación, señalando que si se deportara a 18.000 "vigatans" de origen extranjero, la ciudad se quedaría "sin la restauración, sin nuestra industria, sin las cuidadoras".
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