Esta medida, que ha generado una notable controversia, provocó una manifestación el pasado lunes 27 de abril, donde docentes y alumnado expresaron su rechazo. Los sindicatos educativos señalan que, además de los centros ya posicionados, tres institutos de Vic tienen previsto solicitar su exclusión del programa próximamente.
Más de 200 entidades han rechazado la iniciativa, argumentando que puede estigmatizar al alumnado vulnerable y fomentar actitudes racistas, especialmente contra el colectivo inmigrante. Un profesor de uno de los centros implicados destacó en una rueda de prensa que la medida ha generado inseguridad y ha tenido consecuencias directas, como señalamientos racistas con pintadas y cartelería de extrema derecha en el exterior del instituto.
“"El modelo policial beneficia el relato de la extrema derecha y la estigmatización de la población de origen migrante y que nosotros tenemos que ser una institución segura para nuestro alumnado y de poder atender sus necesidades de la mejor manera posible."
Desde el Departamento de Educación, una consellera defendió el plan, subrayando que no se trata de un modelo punitivo ni de vigilancia. Por su parte, el presidente de la Generalitat recordó que la prueba es voluntaria, limitada en el tiempo y sujeta a evaluación. No obstante, la Asamblea de trabajadoras del Institut Margarida Xirgu ha emitido un comunicado donde agradece el apoyo recibido y critica duramente al Departamento de Educación, afirmando que la consellera no dice la verdad sobre la voluntariedad del plan, ya que su centro fue obligado a participar.
A pesar de estas críticas y los posicionamientos en contra de los claustros de cuatro institutos (el Margarida Xirgu de L'Hospitalet y los de Jaume Callís, La Plana y Comtat d'Osona de Vic), el Departamento de Educación asegura que, hasta el momento, no ha recibido ninguna petición formal para abandonar el plan piloto por parte de ninguno de los 14 centros participantes, según fuentes de la ACN.
