La sesión contó con la presencia de medio centenar de representantes de diversas localidades del Alt Pirineu i Aran. El foco principal fue el cumplimiento del Decreto ley 3/2023, que regula la actividad en municipios con riesgo de desequilibrio habitacional, limitando las plazas turísticas a un máximo del 10% de la población.

El ponente Raimon Soler, especialista de Aterra Estudi Jurídic, subrayó que los ayuntamientos tienen hasta noviembre de 2028 para integrar los HUT en su planeamiento urbanístico. De no hacerlo, las licencias vigentes quedarán automáticamente inhabilitadas, lo que supone un reto administrativo urgente para la región.

Desde el IDAPA se valoró positivamente la alta participación y se recordó que toda la documentación de apoyo está disponible para consulta pública. Esta iniciativa busca unificar criterios interpretativos entre los municipios, independientemente de su fase de adaptación urbanística actual.