La autorización administrativa previa otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica a las plantas de baterías Glauco Almacena y La Farga BESS representa un avance significativo para estos proyectos de almacenamiento energético. Aunque todavía quedan pendientes permisos urbanísticos, ambientales y sectoriales, esta aprobación abre un debate sobre la integración de infraestructuras energéticas en el territorio.

Las instalaciones de baterías no generan electricidad, pero son cruciales para la red eléctrica, especialmente con el auge de las energías renovables. Permiten almacenar el exceso de energía cuando hay disponibilidad y liberarla cuando la demanda aumenta. Ambos proyectos se conectarán a la subestación de La Farga, propiedad de Red Eléctrica, un punto clave para la distribución de energía.

La planta Glauco Almacena, promovida por Energía Glauco SL, contará con 55,384 MW de potencia y 221,536 MWh de capacidad. Incluirá 56 contenedores de baterías de fosfato de hierro-litio y una línea subterránea de 30 kV que atravesará Vilademuls y Sant Julià de Ramis.

Por su parte, La Farga BESS, impulsada por Cadaques Directorship SL, será más grande con 148,394 MW de potencia y 296,788 MWh de capacidad. Esta instalación prevé 77 contenedores de baterías Tesla Megapack 2 XL, veinte estaciones transformadoras y una línea subterránea de 220 kV hasta la subestación La Farga.

El encaje urbanístico y ambiental sigue siendo un punto delicado. El Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis advirtió inicialmente sobre la incompatibilidad del proyecto Glauco Almacena con suelo agrícola protegido, mientras que el Ayuntamiento de Vilademuls presentó alegaciones ambientales para La Farga BESS, que posteriormente aceptó tras un proyecto modificado.

La evaluación ambiental también establece medidas para mitigar el impacto paisajístico y sonoro, incluyendo una pantalla vegetal para La Farga BESS. Se destaca que ambos municipios tienen un alto riesgo de incendio, aunque la zona concreta del proyecto presenta un riesgo bajo, limita con áreas forestales.

Las autorizaciones no implican el inicio inmediato de las obras. Los promotores deben cumplir diversas condiciones pendientes, como la adaptación a los informes ambientales y la superación de trámites de información pública. Esto sitúa los proyectos en una fase intermedia, con el aval administrativo previo pero sin todos los permisos necesarios para comenzar la construcción.