La denuncia, que también incluye a cuatro ayuntamientos catalanes, se centra en el caso de Cabacés, en el Priorat, cuyo nombre oficial la plataforma exige que se restaure a Cabassers. Según el comunicado, la persistencia de estas grafías “no es una simple cuestión lingüística, sino una herencia directa de la imposición franquista”.

Cabassers.org argumenta que mantener estos nombres viola la Ley de Política Lingüística de 1998 y la Ley de Memoria Democrática de 2022. El escrito destaca que el problema afecta a otros municipios que mantienen grafías impuestas por el régimen en 1939, como Capmany (Campmany), Lladó (Lledó d’Empordà) y Rialp (Rialb).

La acción internacional se ha extendido al Parlamento Europeo para instar a las instituciones a eliminar los rastros de la intervención franquista en la toponimia. Esta iniciativa se suma al litigio judicial ya abierto por el caso de Cabacés, cuya sentencia se espera para 2026, considerando que recuperar el nombre de Cabassers “es un acto de reparación y un paso clave para el reconocimiento de las víctimas de la represión cultural”.