La acusación, liderada por el fiscal Fernando Bermejo, ha sembrado dudas sobre las tareas de intermediación de Jordi Pujol Ferrusola por la ausencia de informes y lagunas contractuales. Sin embargo, varios testigos han defendido el papel del primogénito o la limpieza de las operaciones, incluyendo el caso del vertedero de Tivissa en el año 2002.
“"Nadie me presionó para que aprobara la licencia y tampoco me llegó que nadie más hablara de ningún chantaje ni de ninguna influencia."
El testimonio más destacado del 26 de enero de 2026 fue el de Antoni López Salgueira, ex-director general de Calidad Ambiental durante los gobiernos de CiU. Aseguró con rotundidad que aprobó la licencia para la explotación del vertedero de Tivissa a la empresa Gestió i Recuperació de Terrenys porque todos los indicadores técnicos la avalaban.
El fiscal también mencionó en el interrogatorio a Oriol Pujol Ferrusola, que era secretario general de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo en ese momento, aunque López Salgueira desvinculó su cargo de dicha secretaría. Por este caso, también deberá declarar el actual consejero de Justicia, Ramon Espadaler, que entonces era consejero de Medio Ambiente.
Otro frente de investigación es el proyecto de electrificación de ISOLUX en Gabón. El jurista Cristian Gómez explicó que la relación de la empresa con intermediarios era “muy anárquica”, sin contratos uniformes ni documentación completa, un hecho que favorece la defensa de Pujol Ferrusola. Por su parte, Álvaro Rengifo, quien firmó el contrato con la sociedad Project Marketing, dijo no recordar si se habían realizado informes o estudios de mercado.
