En el marco del juicio a la familia Pujol, ambos exdirigentes han cuestionado la acusación de la Fiscalía sobre una presunta comisión de 60.101 euros cobrada por Jordi Pujol Ferrusola. El fiscal cree que el pago de Servitransfer buscaba dinamizar la apertura de la planta en la Ribera d'Ebre.
Salvador Milà ha detallado que la Generalitat presionó a la empresa para que aceptara las demandas del territorio y de los grupos ecologistas, llegando a retener la licencia hasta lograr un acuerdo que evitara que Tivissa se convirtiera en un macrovertedero.
“"Habría sido una ilegalidad no conceder la autorización."
Ramon Espadaler ha insistido en que no se apartó de los dictámenes técnicos y que la instalación no recibió fondos públicos. Además, se ha recordado que el Ayuntamiento de Tivissa estaba entonces gobernado por ICV.
