La Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya presentó la denuncia al considerar que ambas instituciones han incumplido "deliberadamente" las obligaciones de la Ley de Patrimonio Cultural Catalán. El colectivo atribuye a la administración un supuesto delito contra el patrimonio y otro de prevaricación, señalando que conocen "sobradamente" el avanzado estado de ruina de la casa.
“"Con este paso ponemos en conocimiento de la fiscalía toda la información disponible, para que investigue si nuestras sospechas son ciertas y las dos administraciones han delinquido contra el patrimonio cultural catalán."
Desde la plataforma Salvem Cal Macià afirman que durante los últimos nueve años han "agotado todas las vías de diálogo posibles" con los sucesivos gobiernos municipales y autonómicos. Consideran que la situación actual es "límite" y que el estado de la casa no permite "más dilaciones, engaños o nuevas excusas".
Ahora será en los juzgados donde se decidirá si en este país actuar deliberadamente contra el patrimonio histórico, arquitectónico y nacional sale gratis o, por el contrario, tiene responsables y es punible.
El colectivo también cree que existe una "clara connivencia" del Ayuntamiento de Alcarràs con la propiedad de la casa en su afán por derribarla. Cabe recordar que el Gobierno declaró la casa de veraneo del president Francesc Macià en Vallmanya, en Alcarràs, como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), en la categoría de lugar histórico, en julio del año pasado.
