El cambio se debe a un acuerdo entre el consistorio, liderado por la agrupación de electores Horitzó 31, y la empresa pública de la Generalitat. El equipo de gobierno municipal planteó en 2024 una interpretación de la normativa estatal que limitaba la exención fiscal únicamente a las construcciones estrictamente necesarias para la actividad aeroportuaria.

La propuesta fue aceptada por los servicios jurídicos de Aeroports de Catalunya. Desde la aplicación de este nuevo criterio, el consistorio ha recaudado al menos 70.000 euros, aplicando el gravamen a obras ejecutadas durante este año y ejercicios inmediatamente anteriores, como la residencia para estudiantes inaugurada el pasado septiembre para la academia de pilotos lituana BAA Training.

Esta cifra tiene potencial de crecimiento, dado que el suelo edificable en el aeropuerto está casi agotado y la Generalitat prevé ampliar el recinto en un centenar de hectáreas más. Esta expansión, que recibió la aprobación inicial de la Comisión de Urbanismo de Lleida este mes, busca reforzar el giro del aeropuerto hacia el sector industrial, de formación y aeroespacial. Además de los nuevos ingresos por obras, el ayuntamiento recibió 245.851 euros el año pasado por el Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES).