La sede de la rambla Ferran ha registrado colas constantes desde antes de su apertura. Los solicitantes buscan acreditar los cinco meses de residencia exigidos por el Consejo de Ministros en el decreto aprobado el 27 de enero.
La Guardia Urbana ha tenido que intervenir pasadas las 13.00 horas para gestionar la frustración de quienes no iban a poder ser atendidos antes del cierre. Se estima que unos 7.000 residentes en la ciudad pueden optar a este proceso legal.
