El colectivo de direcciones de centros educativos de Cataluña, con una fuerte representación de Lleida, ha formalizado un escrito dirigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa; a la consellera de Educación, Esther Niubó; y a los grupos políticos del Parlament. En el documento, titulado "Llamamiento urgente de las direcciones de los centros educativos de Catalunya ante la emergencia del sistema educativo", exigen "cambios sustanciales" en el funcionamiento actual del sistema.

Entre las reivindicaciones principales, destacan la necesidad de que los directores tengan un "papel central en la toma de decisiones". También recuerdan el incumplimiento de la Ley de Educación de Cataluña de 2009, que estipulaba destinar el 6% del PIB a este sector, y reclaman "un verdadero pacto de país en educación, estable y a largo plazo" que evite los cambios constantes de modelo según el partido gobernante. Proponen que este pacto sea liderado por "profesionales y expertos del mundo educativo", con la participación activa de las direcciones de centros.

Las demandas se agrupan en seis ejes: revisión del decreto de escuela inclusiva y del modelo de acogida; autonomía de centro y gestión de plantillas; mejora de las condiciones laborales, seguridad jurídica y apoyo administrativo para los directores; calidad educativa; infraestructuras; y dignificación de la educación pública. En relación a la escuela inclusiva, cuestionan si el actual despliegue garantiza el aprendizaje real o si la falta de recursos lo hace imposible, pidiendo más apoyo para alumnos con necesidades especiales y rechazando la incorporación de agentes de los Mossos a institutos.

En cuanto a la autonomía de centro, exigen la cobertura inmediata de bajas, una planificación anticipada de plantillas y la dotación integral de profesionales. Solicitan también un "reconocimiento institucional y retributivo" para los equipos directivos, una regulación clara de su régimen horario y de vacaciones, y criterios homogéneos en toda Cataluña. Proponen la creación de una figura de gestor de centro para tareas administrativas.

En calidad educativa, instan a recuperar las pruebas de nivel de sexto de Primaria y cuarto de ESO, disponer de herramientas de evaluación interna y actualizar la formación docente. En cuanto a infraestructuras, piden la "climatización integral y eficiente" de los edificios, la sustitución de barracones y la rehabilitación de inmuebles deteriorados. Finalmente, en la dignificación de la educación pública, reclaman impulsar la corresponsabilidad familiar y los estudios postobligatorios.

El manifiesto también aborda la necesidad de transparencia en la asignación de alumnos, la reducción de ratios, la incorporación de aulas de acogida estructurales y la creación de currículums más concretos "en manos de profesorado con experiencia". Piden mecanismos para revisar la continuidad de profesionales que no acrediten la competencia necesaria y abrir los centros a la comunidad para dinamizar la vida local. Solicitan "desburocratización real" y la recuperación de la autoridad y prestigio de los docentes.

El documento concluye reclamando un "compromiso ejecutivo y presupuestario" del Govern antes del 19 de junio para la creación de equipos de trabajo conjuntos con las direcciones. El escrito fue firmado inicialmente por 1.343 direcciones, cifra que ha ido aumentando, representando la "gran mayoría" de directores de escuelas e institutos catalanes.