La Fiscalía sostiene que los procesados declaraban consumos inferiores a los reales de sus clientes y no abonaban la diferencia a la distribuidora. El principal acusado ha negado el engaño ante el tribunal, alegando que los impagos se debieron a problemas financieros que derivaron en un concurso de acreedores en 2016.
“"Era administrador de todo y de nada, yo firmaba todo lo que me daban para firmar."
El segundo implicado ha declarado que su función era estrictamente comercial y que confiaba plenamente en su socio. Ambos se enfrentan a peticiones de 10 años de prisión por delitos continuados de estafa agravada y apropiación indebida, además de la responsabilidad civil de indemnizar a las eléctricas perjudicadas.
