La medida ha generado la reacción previsible de partidos como Vox, que la ha calificado de “invasión”. No obstante, el análisis recuerda que el Partido Popular, bajo la presidencia de José María Aznar, ya dio luz verde a una regularización similar en los años 2000 y 2001, que benefició a más de 500.000 extranjeros sin papeles. Estas regularizaciones se producen en momentos de bajo desempleo y alta necesidad de mano de obra, situación que se repite actualmente.
Los datos de la Encuesta de Población Activa confirman que el año pasado había más de 600.000 trabajadores extranjeros en Catalunya, una cifra que contrasta con los casi 100.000 menos que figuran como afiliados a la Seguridad Social. Esta diferencia subraya la existencia de un gran número de personas trabajando de forma irregular, susceptibles de sufrir abusos laborales por la falta de control.
“"Si Vox estuviera en condiciones de aplicar su propuesta de expulsar a 8 millones de extranjeros, quizás el propio Santiago Abascal se vería obligado a trabajar por primera vez en su vida fuera de la política."
Frente a las críticas de que la legalización colapsará los servicios públicos, el análisis destaca que sin los migrantes que cotizan, el sistema de pensiones y el mantenimiento de buena parte de los servicios públicos serían inviables. En las comarcas de Lleida, las personas procedentes de otros países representan casi uno de cada cuatro afiliados a la Seguridad Social, demostrando su papel fundamental en sectores productivos clave.
