La iniciativa, que el gobierno en minoría del PSC tiene previsto llevar a aprobación en el pleno del mes de junio, sustituirá la actual normativa de 2007. El texto contempla sanciones por actitudes incívicas que oscilan entre los 400 y los 3.000 euros, con el objetivo de penalizar la reincidencia.
La prohibición del uso del velo integral en espacios públicos se recoge en el artículo 12 de la nueva propuesta. Este apartado establece que "queda prohibido llevar cualquier prenda de vestir o indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos". Sin embargo, esta restricción no se aplicará en lugares de culto, espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto por costumbres sociales aceptadas, o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental. El incumplimiento de este punto se considerará una infracción leve, con multas de entre 300 y 750 euros.
“"Hay un plan específico para que nadie sea más víctima que nunca fruto de esta ordenanza."
La Paeria de Lleida ya intentó prohibir el burka durante un gobierno anterior, pero la medida fue tumbada por el Tribunal Supremo. A diferencia de aquella ocasión, la nueva propuesta tiene un "enfoque" diferente, no basado en la seguridad, sino en "un tema de derechos fundamentales, y en este caso el derecho de las mujeres a poder decidir".
La teniente de alcaldía y concejala de Feminismo ha subrayado que la ordenanza no pretende "aislar" a las mujeres que llevan el velo integral ni "generar brecha social". Por ello, el texto se acompaña de un plan de acciones socioeducativas para garantizar la autonomía real, los vínculos sociales y el acceso pleno a los recursos para todas las mujeres.
Entre las novedades, la normativa también prevé sanciones para las personas que soliciten servicios sexuales en el espacio público. Además, se "reforzará" la derivación a servicios sociales de las mujeres "abocadas" al mundo de la prostitución, con el objetivo de "tener una posición firme contra la explotación y mucha sensibilidad con las víctimas".
El texto también sancionará a aquellos que cojan citas previas en las oficinas públicas con el objetivo de lucrarse con su reventa. En términos generales, la ordenanza busca ofrecer "más protección ante insultos y discriminaciones, reforzando la lucha contra conductas racistas, xenófobas, machistas, aporafóbicas o lgtbifóbicas".
La normativa establece tres niveles de sanciones: leves (400-750 euros) por acciones como orinar en la vía pública o ir con la cara tapada; graves (751-1.500 euros) por negociación de sexo en la calle o acoso; y muy graves (1.501-3.000 euros) por insultos racistas, conductas vejatorias o actos vandálicos graves. La reincidencia será penalizada, ya que la comisión de tres delitos leves en un año se considerará grave, y tres graves, muy graves.
Además del régimen sancionador, la mediación se presenta como mecanismo principal para resolver conflictos. El año pasado, la ciudad registró 813 sanciones por incumplimiento de la ordenanza actual, un incremento del 45% respecto a las 448 multas de 2024, atribuido a un aumento de las infracciones y una mayor actuación policial.
