La situación de deterioro se atribuye a que la Generalitat de Catalunya y los Consells Comarcals (Consejos Comarcales) continúan licitando servicios sin actualizar los pliegos para reflejar la evolución económica, el aumento del coste de vida o las necesidades reales de la industria. Este modelo de subasta encubierta premia la oferta más barata, ignorando la calidad, la seguridad y las condiciones laborales dignas.
Esta dinámica obliga a las empresas a operar con márgenes insostenibles, lo que se traduce en una degradación del servicio y salarios muy bajos. Los trabajadores del transporte de viajeros en Lleida experimentan una brecha salarial significativa, cobrando hasta 400 euros menos que sus compañeros en Barcelona, Girona o Tarragona.
Esta desigualdad no es fruto del azar, sino de una negligencia institucional que ha convertido a Lleida en un laboratorio de precariedad.
El sector exige una revisión urgente de los criterios de licitación, priorizando la calidad del servicio y la dignidad de los profesionales por encima del coste. Se critica que Lleida se haya convertido en la “Cenicienta de Catalunya” en este ámbito. Además, se señala a una empresa local, casi exclusiva proveedora de la administración, de “secuestrar” el convenio del sector e impedir su firma.
