El derrumbe de una casa habitada en Vilanova de Bellpuig la madrugada del miércoles, donde dos hombres quedaron atrapados, y el colapso de un tejado en Alfarràs, ponen de manifiesto la fragilidad del parque inmobiliario leridano. En la ciudad de Lleida y los principales municipios, aproximadamente la mitad de los edificios tienen más de 45 años, una cifra que es aún más alta en muchos pueblos pequeños.
Esta antigüedad exige acciones constantes de mantenimiento y rehabilitación para garantizar la seguridad. Sin embargo, la mayoría de propietarios, tanto individuales como comunitarios, no dedican los recursos suficientes a esta tarea, a menudo por falta de disponibilidad presupuestaria o por desatención generalizada.
Solo han sido inspeccionados aproximadamente un 7% de los inmuebles que estaban obligados a pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE).
Esta desidia se refleja en el cumplimiento de la normativa. Desde 2014 hasta mediados del año pasado, solo poco más de 5.000 inmuebles de Ponent habían solicitado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), a pesar de que la ley la impone a todos los que superan los 45 años de antigüedad.
La situación se agrava por la ineficacia administrativa. La ciudad de Lleida, por ejemplo, perdió casi diez millones de euros en fondos Next Generation destinados a la rehabilitación de bloques de pisos sociales antiguos. Esta pérdida se debe a la falta de solicitudes, ya que las administraciones no previeron mecanismos para suplir la incapacidad de las comunidades de propietarios para gestionar los trámites complejos.
