Una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 4 de diciembre de 2025 reconoce el derecho de Enagás Transporte a ser indemnizada. La compañía recurrió a la justicia tras el silencio administrativo del Ministerio para la Transición Ecológica ante su reclamación por los trabajos realizados en la infraestructura fallida.
El montante total asciende a 255 millones, incluyendo 125 millones por la conservación de la planta y 129,6 millones por el sellado de los pozos. El proyecto Castor permanece en hibernación técnica desde 2014, después de que las inyecciones de gas provocaran una serie de seísmos en la costa de Tarragona y Castellón.
“"Enagás ha sufrido un daño económico cuantificable que no está obligado a soportar."
La firma gasista argumentó que la gestión del Castor no fue voluntaria, sino una imposición del Gobierno. Tras la anulación de los pagos en 2018 por parte del Constitucional, la empresa se vio obligada a buscar una vía alternativa para recuperar la inversión destinada a la seguridad de la plataforma.
