El consejo regulador considera que la infraestructura eléctrica representa una amenaza para el modelo económico del Priorat y la Ribera d'Ebre. El trazado previsto cuenta con 200 kilómetros de extensión y torres de hasta 50 metros de altura con una potencia de 400 kV.

La organización, que representa a 55 bodegas y 500 viticultores, advierte que la fragmentación de explotaciones y el daño al paisaje afectarán al enoturismo. El proceso ha recibido ya más de 14.400 alegaciones por parte de administraciones y colectivos sociales.